La Superintendencia de Servicios de Salud, mediante la Resolución 1725/2025 publicada en el Boletín Oficial, derogó la Resolución 2400/2023 que permitía a las entidades de medicina prepaga y a los agentes del seguro de salud retener los aportes y contribuciones derivados de los trabajadores como propios. Con esta medida se reafirma que dichos recursos pertenecen a los beneficiarios y deben aplicarse exclusivamente en su beneficio, conforme a las Leyes 23.660 y 23.661 y al Decreto 576/1993.
Nueva Regulación sobre el Destino de los Recursos
El texto aprobado por la SSSalud establece reglas claras y obligatorias respecto al uso de los aportes:
- Impacto directo en la factura: los recursos deben destinarse a reducir el valor de la cuota del plan contratado.
- Tratamiento de excedentes: en los casos en que los aportes superen el costo del plan, el excedente se aplicará automáticamente a cubrir otros conceptos facturables en meses subsiguientes.
- Reintegro en caso de rescisión: si el contrato se rescinde, la entidad tiene la obligación de devolver al afiliado titular cualquier saldo disponible.
- Transparencia mensual: los saldos deberán figurar de manera obligatoria en el Estado de Cuenta de cada afiliado, brindando información precisa sobre la evolución de los aportes.
Facturación y Transparencia
La Resolución 1725/2025 introduce un modelo obligatorio y estandarizado de factura y Estado de Cuenta, que todas las entidades deberán utilizar. Este modelo debe ser entregado mensualmente al afiliado y contener, en un lenguaje claro y accesible, al menos la siguiente información:
a) Costo base del plan contratado.
b) Costos adicionales por coberturas específicas.
c) Ajustes aplicados por edad o factores de riesgo.
d) Aportes, contribuciones, cotizaciones y/o cápitas efectivamente percibidos.
e) Impuestos y tasas aplicables.
f) Subsidios percibidos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
g) Saldos iniciales y finales a favor del afiliado.
Con esta disposición, se busca homogeneizar la información brindada al usuario, facilitar el control individual y colectivo de los recursos y promover la transparencia en la gestión de los fondos.
